La Fuerza de Tarea Conjunta informó este lunes que asciende a 231 el número de personas muertas por la tragedia ocurrida la madrugada del martes en el centro nocturno Jet Set, 221 en la zona de desastre y 10 en hospitales.
Santo Domingo.–En medio de un clamor nacional por justicia, el Departamento de Atención al Usuario de la Fiscalía del Distrito Nacional ha recibido la primera querella formal por homicidio involuntario contra Antonio Espaillat, propietario de la emblemática discoteca Jet Set. Este local, antaño símbolo de diversión, se ha convertido en el epicentro de una tragedia que ha conmocionado al país, luego de que el martes pasado su techo se desplomara, cobrando la vida de 226 personas y dejando más de 100 heridos.
La querella, remitida a través de un mensajero, exige una investigación exhaustiva contra Espaillat, a quien se señala como indirectamente responsable de la catástrofe que ha dejado un rastro de dolor y desolación en innumerables familias dominicanas. La instancia fue interpuesta por Wendely Manely Ramírez Gómez, esposa de Virgilio Rafael Cruz Aponte, una de las víctimas mortales del derrumbe. Junto a ella, los padres del fallecido también buscan justicia, representados por el abogado Feliz Portes.
Hasta el momento, las autoridades han guardado un silencio sepulcral sobre el contenido de la querella y los detalles del caso, lo que ha generado aún más incertidumbre y angustia entre los afectados. Sin embargo, se espera que en las próximas horas se presenten más querellas, sumándose al coro de voces que demandan una respuesta contundente ante esta tragedia.
Por otro lado, la Dirección de Persecución del Ministerio Público y la Fiscalía del Distrito Nacional ha iniciado una investigación rigurosa para determinar si hubo negligencia criminal por parte de Espaillat y otros responsables del Jet Set. La pesquisa, ordenada por la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, busca esclarecer si el establecimiento cumplía con las normativas de seguridad necesarias para operar, y si se omitieron medidas que pudieron haber evitado esta devastadora pérdida de vidas.
El titular de Persecución, Wilson Camacho, junto a los fiscales del Departamento de Homicidios, están llevando a cabo las indagaciones con el objetivo de establecer las responsabilidades penales correspondientes. Como parte del proceso, se podrían citar a declarar a los dueños del negocio, al administrador y a cualquier otra persona con conocimiento relevante sobre las condiciones del local antes del derrumbe.
Según informaciones alrededor del caso, desde el pasado viernes, la Fiscalía del Distrito Nacional ha comenzado la dolorosa tarea de entregar las pertenencias recuperadas de las víctimas a sus familiares. Entre los objetos devueltos se encuentran los vehículos que quedaron atrapados en el lugar de la tragedia, cada uno de ellos un silencioso testigo del horror vivido en las primeras horas del 8 de abril.
Mientras tanto, el Jet Set, otrora uno de los centros nocturnos más icónicos de Santo Domingo, permanece en un silencio ensordecedor, sin haber emitido ninguna declaración pública sobre la acusación que pesa sobre sus propietarios. La comunidad espera con impaciencia que se haga justicia y que los responsables de esta tragedia enfrenten todo el peso de la ley.
Se recuerda que la madrugada del martes 8 de abril se tiñó de luto y confusión en la capital dominicana, cuando una noche de alegría y música terminó en tragedia. Parte del techo de la emblemática discoteca Jet Set se desplomó súbitamente mientras el reconocido merenguero Rubby Pérez ofrecía un espectáculo para decenas de asistentes.
El estruendo del colapso interrumpió abruptamente la celebración, sumiendo el lugar en el caos. Testigos describieron las escenas de desesperación, gritos y lágrimas mientras el polvo lo cubría todo y las personas intentaban encontrar a sus seres queridos entre los escombros.
Por instrucciones del presidente de la República, Luis Abinader, se activó el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), encabezado por el general (r) Juan Manuel Méndez, junto al director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, y el comandante general de la Armada, Vicealmirante Agustín Morillo Rodríguez, en representación del Ministro de Defensa.
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