Hicieron un llamado a la acción y al fortalecimiento democrático
Santo Domingo. – El presidente Luis Abinader recibió este viernes la Declaración de Santo Domingo, documento final de la XXII Cumbre Judicial Iberoamericana, que congregó a representantes de los poderes judiciales de 23 países, consolidando a la República Dominicana como un **referente regional en materia de justicia y cooperación institucional.
La entrega oficial fue realizada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Henry Molina Peña, en representación de los presidentes de las Supremas Cortes y demás órganos judiciales que participaron en el cónclave. El acto, cargado de simbolismo, marcó el cierre de tres días de trabajo y deliberaciones que posicionaron al país como epicentro del diálogo judicial iberoamericano.
La Declaración de Santo Domingo reafirma el compromiso de los países firmantes con una justicia más independiente, accesible y centrada en la dignidad humana, pilares esenciales para el fortalecimiento del Estado de derecho y el bienestar ciudadano.
Ejes estratégicos y compromisos adoptados
Entre los principales puntos acordados en la Declaración destacan:
Incorporación de productos axiológicos (valores y principios fundamentales) en la planificación estratégica de los poderes judiciales; Actualización del Mapa Judicial Iberoamericano, como herramienta de referencia compartida; Innovación y digitalización de los sistemas judiciales para mayor eficiencia y transparencia.
Atención a los desafíos e impactos de la Inteligencia Artificial en la administración de justicia; Impulso a la cooperación solidaria entre países miembros.
Promoción de la educación y capacitación judicial continua; Compromisos firmes con la igualdad de género y la equidad procesal; Protección de los derechos ambientales como parte del nuevo paradigma judicial.
Un llamado a la acción y al fortalecimiento democrático
La Declaración constituye, además, un llamado urgente a la acción transformadora, instando a los Poderes Judiciales iberoamericanos a asumir estos compromisos de manera activa e integrada en sus estructuras y prácticas cotidianas. La meta común: construir sistemas judiciales más humanos, inclusivos y capaces de responder a los desafíos contemporáneos.
“Es también una promesa de que los Poderes Judiciales de Iberoamérica trabajarán sin descanso para garantizar una justicia que responda a las necesidades de las personas, respete la libertad, proteja la igualdad, promueva la equidad procesal y sustantiva, fomente la solidaridad y honre la dignidad de cada persona”, reza un fragmento del documento.
La Declaración también subraya la importancia de proteger las instituciones democráticas, en un momento en que los sistemas judiciales y los derechos fundamentales enfrentan múltiples desafíos y cuestionamientos.
Una visión compartida de justicia y desarrollo
Los firmantes reafirman su confianza en la Justicia como motor de cambio social y ambiental, y se comprometen a actuar con ética, visión de futuro y responsabilidad histórica para consolidar poderes judiciales modernos, confiables y centrados en las personas.
El documento fue suscrito por representantes de Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay.
Con este acto, la República Dominicana se consolida como anfitriona ejemplar y promotora de una nueva agenda judicial iberoamericana, donde el diálogo, la innovación y los derechos humanos ocupan el centro de la transformación institucional.
